En concreto, la iniciativa del PP, impulsada por la senadora Violante Tomás, haciéndose eco de una demanda planteada por el CERMI, propone modificar el artículo 4 de la ley general de discapacidad, incorporando a la definición de personas con discapacidad a las que se les reconozca oficialmente una situación de dependencia “en cualquiera de sus grados”.

 

En la exposición de motivos, el texto recuerda que “en la legislación española, el reconocimiento del grado de discapacidad y el nivel de dependencia se lleva a cabo con baremos, procedimientos y órganos diferentes”, debido a las diferentes normativas que los regulan, a la naturaleza de cada proceso y al momento histórico en que se generan y desarrollan.

 

De hecho, la proposición de ley explica que “los términos ‘discapacidad’ y ‘dependencia’ no son sinónimos, teniendo en cuenta que una persona con discapacidad no tiene por qué tener una situación de dependencia si ha logrado un grado de autonomía personal y de condiciones para llevar una vida independiente”.

 

En cambio, el texto precisa que “no hay ninguna duda de que una persona que se encuentre en situación de dependencia es reconocible, de forma automática, como persona con discapacidad, al menos en el 33%, que es el grado mínimo”.

 

En este sentido, argumenta que, incluso la dependencia moderada, se define como la situación en que “la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal”. Eso sí, señala que el grado de discapacidad reconocido automáticamente debe ser del 33% y que si la persona considera que tiene un grado mayor, deberá realizar las gestiones pertinentes en el órgano competente de su territorio.

 

Del mismo modo, aclara que si la persona en situación de dependencia experimenta una mejoría que le lleva a perder este reconocimiento oficial, “dejaría también de ser persona con discapacidad asimilada”.

 

Además, el PP del Senado defiende que la asimilación automática del grado de discapacidad a la situación de dependencia es posible, puesto que ya se hace con “los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”, a quienes se les otorga un grado de discapacidad del 33%.

 

Por otra parte, la iniciativa sostiene que se debe tener en cuenta también “el ahorro público y la simplificación administrativa, con eliminación de trámites y cargas, que supone esta asimilación”.

 

“Las personas con una valoración reconocida de dependencia han pasado por un minucioso proceso de entrevistas y exámenes. Si desean obtener un reconocimiento de la discapacidad deben acudir a otro procedimiento, que se desarrolla en otro organismo, abonar una tasa, en ocasiones, y esperar, frecuentemente mucho tiempo, para que dicho procedimiento concluya”, abunda la proposición de ley, que califica de “justa y razonable” la propuesta planteada por el CERMI.

 

Fuente: Servimedia